Para profundizar en el impacto de esta solución en la administración del Estado, conversamos con Guillermo Rearte, representante ejecutivo de Applicatta.
Guillermo, el mercado debate hoy si la implementación de la ley podría postergarse por retrasos en la Agencia de Protección de Datos. ¿Por qué un municipio o servicio público debería actuar de inmediato?
Guillermo Rearte: Esperar a que la Agencia esté constituida para iniciar la adecuación es un error estratégico crítico. La Ley 21.719 ya está promulgada y establece con claridad que las municipalidades y órganos públicos deben resguardar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad (ARCOP) de los vecinos. Lo fundamental que las autoridades deben comprender es que el incumplimiento se traduce en multas directas de hasta el 50% de la remuneración mensual del jefe superior del servicio y la suspensión temporal de su cargo. Las infracciones por vulnerar el deber de reserva o no reportar brechas de seguridad se consideran contravenciones gravísimas al principio de probidad administrativa. El riesgo de responsabilidad administrativa personal es real y exige comenzar a defenderse hoy.
¿En qué consiste exactamente la solución que Applicatta ofrece para mitigar estos riesgos de forma rápida?
Guillermo Rearte: Hemos diseñado un servicio integral de rápida adopción disponible a través de Convenio Marco. El servicio despliega un diagnóstico no intrusivo sobre la infraestructura digital pública para identificar dónde se están capturando datos de la ciudadanía (por ejemplo, en formularios de patentes, tesorería o transparencia) y bajo qué medidas de seguridad. Posteriormente, entregamos un Informe Ejecutivo, una Matriz Técnica de Evidencias y un Plan de Acción con responsables sugeridos para las áreas jurídica, de transparencia y de TI. Además, incluimos el acceso a nuestra plataforma de e-learning para capacitar continuamente al personal municipal, ya que el factor humano es donde ocurren la mayoría de los incidentes de filtración.
Una vez que el municipio o empresa mediana cuenta con el diagnóstico, ¿cómo gestiona el cumplimiento en el día a día?
Guillermo Rearte: Ahí es donde entra la Plataforma Facilitadora de Gestión de Derechos e Incidentes de Applicatta. Implementada como un asistente operativo opcional, esta herramienta centraliza y registra el ciclo de vida de los datos personales bajo la custodia de la organización. La plataforma permite registrar y mantener actualizado el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), automatiza los flujos de trabajo (workflows) para responder las solicitudes ciudadanas ARCOP en los plazos legales y ayuda a preparar borradores estandarizados ante eventuales incidentes que deban ser reportados a la autoridad. Es una solución modular: el cliente obtiene valor inmediato desde el diagnóstico inicial sin estar amarrado a un licenciamiento perpetuo de software.