La situación respecto a la Ley 21.719 (Nueva Ley de Protección de Datos Personales) impacta directamente a los Gobiernos Regionales (GORE) como órganos de la Administración del Estado, obligándolos a elevar radicalmente sus estándares de seguridad de la información. [1, 2]
A continuación, se detalla su situación actual, plazos y cómo les afecta:
Valparaíso, 21 de septiembre de 2026. Applicatta, empresa chilena especializada en desarrollo de software y servicios tecnológicos para el sector público, informa que se encuentra en fase avanzada de preparación para la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales, cuya aplicación está actualmente fijada para el 1 de diciembre de 2026, y hace un llamado a que los organismos del Estado mantengan sus planes de adecuación independientemente de la tramitación del proyecto de postergación.
Para profundizar en el impacto de esta solución en la administración del Estado, conversamos con Guillermo Rearte, representante ejecutivo de Applicatta.
Guillermo Rearte: Esperar a que la Agencia esté constituida para iniciar la adecuación es un error estratégico crítico. La Ley 21.719 ya está promulgada y establece con claridad que las municipalidades y órganos públicos deben resguardar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad (ARCOP) de los vecinos. Lo fundamental que las autoridades deben comprender es que el incumplimiento se traduce en multas directas de hasta el 50% de la remuneración mensual del jefe superior del servicio y la suspensión temporal de su cargo. Las infracciones por vulnerar el deber de reserva o no reportar brechas de seguridad se consideran contravenciones gravísimas al principio de probidad administrativa. El riesgo de responsabilidad administrativa personal es real y exige comenzar a defenderse hoy.
SANTIAGO — Con la fecha de entrada en vigencia de la Ley 21.719 fijada para el 1 de diciembre de 2026, el escenario regulatorio en Chile vive momentos decisivos. Mientras el Gobierno evalúa actualmente un proyecto de postergación debido a las dificultades técnicas para conformar el Consejo Directivo de la nueva Agencia fiscalizadora, las organizaciones de ambos sectores deben sopesar con precisión sus plazos de cumplimiento, ya que las reglas del juego son drásticamente distintas para el mundo público y el privado.
En este contexto, la consultora tecnológica Applicatta ha estructurado un esquema de servicios de diagnóstico y adecuación normativa de carácter modular e integral, diseñado de manera diferenciada para satisfacer las exigencias de los organismos públicos y las empresas privadas medianas.
Applicatta, empresa líder en soluciones digitales para el Estado, inició en enero de 2026 la ejecución de un proyecto de alto impacto para el Gobierno Regional (GORE) de Arica y Parinacota, consistente en el desarrollo de un nuevo sitio web institucional y una intranet independiente.
La iniciativa de gobierno digital, que representa una inversión de $26.180.000, se fundamenta en estrictas bases técnicas diseñadas para transformar la comunicación externa y fortalecer la gestión administrativa del organismo regional.
Applicatta, empresa tecnológica con sede en Viña del Mar, ejecutó la actualización de plataformas web para el Gobierno Regional de Coquimbo. Los servicios consistieron en el análisis, rediseño e implementación de mejoras en sistemas de gestión interna del organismo, y se aplicaron específicamente al Fondo Regional de Proyectos de Desarrollo y al Consejo Regional.
Guillermo Rearte, CEO de Aplicatta explica que la independencia del sistema de Acuerdos CORE se fundamenta en la búsqueda de estabilidad y rendimiento para la herramienta digital. “Esta configuración permite un entorno dedicado para las tareas de seguimiento de los acuerdos regionales. En paralelo, la mejora del FRPD proporciona una estructura para el manejo de datos en el ciclo de vida de los proyectos de desarrollo”, señala.
