SANTIAGO — Con la fecha de entrada en vigencia de la Ley 21.719 fijada para el 1 de diciembre de 2026, el escenario regulatorio en Chile vive momentos decisivos. Mientras el Gobierno evalúa actualmente un proyecto de postergación debido a las dificultades técnicas para conformar el Consejo Directivo de la nueva Agencia fiscalizadora, las organizaciones de ambos sectores deben sopesar con precisión sus plazos de cumplimiento, ya que las reglas del juego son drásticamente distintas para el mundo público y el privado.

En este contexto, la consultora tecnológica Applicatta ha estructurado un esquema de servicios de diagnóstico y adecuación normativa de carácter modular e integral, diseñado de manera diferenciada para satisfacer las exigencias de los organismos públicos y las empresas privadas medianas.





