El instructivo Nº 6 del Consejo para la Transparencia (CPLT) orienta respecto a la gratuidad y los costos directos de reproducción (CDR) ligados a la entrega de información en virtud de la Ley de Transparencia. Lo importante es conocer que la entrega de cualquier información por parte de los organismos del Estado es gratuita y sólo el uso de algunos soportes podría tener un costo asociado.
Se trata de un problema que ocurre muy a menudo. Con el afán de abaratar costos, las autoridades suelen buscar alternativas de hosting locales y más económicas, sin prever la ocurrencia de eventos críticos como: las caídas de sistema, la ausencia de respaldo de información, falta de soporte y la posibilidad de dejar a los ciudadanos durante varios días sin acceder al sitio web para buscar información. Son proveedores que no cuentan con las competencias correctas y los recursos adecuados quienes provocan grandes dolores de cabeza a autoridades y vecinos. No son capaces de brindar un buen servicio y, lejos de solucionar un problema, suelen agravarlo.
Pasa el tiempo y notamos que el sitio web, esa herramienta fundamental de nuestra institución, presenta una apariencia anticuada, que no permite mostrar lo que de verdad nos interesa, que tiene limitaciones y, lo que es peor: los sitios de otras organizaciones, que desarrollan actividades similares, lucen mucho más atractivos. Ha llegado el momento de modernizar el sitio.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha dado a conocer los resultados de la Evaluación del Cumplimiento en Transparencia Activa 2013 que fue aplicada a 327 organismos de la administración central del Estado.
El estudio ha mostrado una sorpresiva baja de los organismos que cumplen con el 100 por ciento de los aspectos obligatorios que deben estar a disposición de la ciudadanía. En 2012, la evaluación mostró que 111 organismos cumplían con la publicación de información obligatoria. En 2013, en tanto, esta cifra bajó a 69 instituciones del Estado, cifra muy por debajo de lo esperado y que se debe, según el Consejo, a que muchas instituciones no subsanaron observaciones señaladas en otras fiscalizaciones.
No obstante, los indicadores no son tan desalentadores ya que el estudio indica que el promedio de organismos del Estado que cumplen con aportar información de carácter obligatorio a la ciudadanía llega al 96,26 por ciento.
El CPLT dedica parte importante del estudio a evaluar las “buenas prácticas” y la “usabilidad” que muestran los respectivos sitios web de estas instituciones. Por ahora, estos ítems se evalúan pero no tienen incidencia en el puntaje. El Consejo señala que después de 4 años desde la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, su cumplimiento muestra un nivel de madurez suficiente. Las evaluaciones reflejan que las instituciones, en general, cumplen con publicar informaciones en los formatos exigidos por la normativa vigente pero, ahora, corresponde avanzar en “buenas prácticas”.
El año comenzó con novedades importantes para los habitantes de la ciudad de Lota interesados en conocer la gestión política y económica de su comuna. La municipalidad acaba de adjudicar, a través de Mercado Público, la licitación del Sistema de Transparencia Activa a Applicatta lo que permitirá a las autoridades dar a conocer mediante una herramienta adecuada, ágil y moderna, toda la información que la Ley de Transparencia exige publicar a las instituciones del Estado.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha dado a conocer el 5º Estudio Nacional de Transparencia, evento que realizó entrevistas presenciales a 2.424 personas, mayores de 18 años, de población urbana y rural.
Uno de los aspectos preocupantes del estudio es el aumento de la desconfianza por parte de los ciudadanos. Los datos revelan que la ciudadanía percibe que es poco clara la información que entregan las instituciones públicas. Esto genera más desconfianza por lo que demandan más transparencia por parte de las instituciones del Estado.
Las cifras indican que el 73% de la ciudadanía confía poco o nada en las instituciones públicas. Señalan que el 78% de la ciudadanía cree que los funcionarios publican sólo la información que les conviene.
